Esta semana, el Presidente del CAPSL, Dr. Gabriel Alessandro, ha presentado una nota formal al presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Leyes. En dicha nota, se solicita una audiencia para el Dr. Alessandro y miembros de la Comisión de Derecho Penal del CAPSL con el objetivo de analizar el proyecto de ley de modificación del Código Procesal Penal, el cual ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores.

«Todo ello en el entendimiento que es fundamental que cualquier modificación al sistema judicial sea producto de un análisis exhaustivo y consensuado entre todos los actores involucrados y en este sentido debe respetarse nuestra posición en el rol de auxiliares y operadores del sistema judicial», enfatizó el Dr. Alessandro en su nota.

Al pedido de audiencia se adjuntó la nota que la Comisión de Derecho Penal del CAPSL ha dirigido al Presidente del CAPSL, donde se destacan varias preocupaciones clave sobre el proyecto de modificación del Código Procesal Penal.

Los integrantes de la Comisión, en representación de los colegas que ejercen la profesión en materia penal, señalan: «En primer lugar y respecto al proyecto en sí, que ha sido analizado por esta Comisión, es la posibilidad real de la existencia de conflictos con principios y garantías constitucionales y, ante el planteamiento de dichas circunstancias, el incremento en la litigiosidad penal, desvirtuando el principio de celeridad que impera en el espíritu del código procesal y agravaría el desborde laboral existente en el fuero penal y que es común a todo el poder judicial.»

En este sentido, la Comisión no se opone a una reforma del sistema procesal vigente, sino que subraya la necesidad de que esta se realice dentro de un contexto integral y no de manera parcializada. En su nota, destacan: «En ese orden de cosas y considerando que lo conveniente, a tales fines, sería la participación de todos los actores y operadores del sistema procesal penal en esta Provincia, entendiéndose por tales a Colegio de Magistrados, Colegio de Abogados y Procuradores, Abogados, Ministerios Públicos, Policía, Legisladores de ambas Cámaras, empleados judiciales y todos aquellos que tengan una injerencia directa en la aplicación de las normas procesales penales, con la finalidad de poder arribar a un cuerpo de normas armónico y sistematizado, que evite la litigiosidad y se pueda cumplir con la celeridad y eficacia que la sociedad merece y necesita.»

Por lo tanto, se solicita formalmente una reunión con los legisladores de la Comisión de Asuntos Constitucionales y/o de la comisión a la cual se remita el proyecto de ley, para discutir detalladamente las inquietudes y fundamentos presentados. Este paso es esencial para asegurar que las reformas propuestas no solo sean efectivas, sino también justas y en armonía con los principios constitucionales.