Dos fallos del máximo tribunal dejaron sin efecto resoluciones que habían reducido los honorarios de abogados por debajo de los mínimos previstos en la Ley 27.423. Las decisiones se producen en medio de un debate en el Consejo de la Magistratura sobre las posibles sanciones a un juez por apartarse del régimen arancelario vigente.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto dos decisiones judiciales que habían reducido los honorarios profesionales de abogados por debajo de los mínimos establecidos por la ley, y reafirmó la necesidad de respetar el régimen arancelario vigente al momento de regular el trabajo profesional.

Los pronunciamientos, correspondientes a los casos Puebla y Martinuzzi, establecen un criterio que los tribunales inferiores deberán tener en cuenta al momento de fijar honorarios. En ambos casos, el máximo tribunal cuestionó las reducciones dispuestas por las respectivas cámaras judiciales por considerar que no contaban con una fundamentación suficiente para apartarse de los mínimos legales.

Las decisiones fueron celebradas por el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), que instó a los magistrados a cumplir con los criterios establecidos por la Corte y a aplicar la legislación vigente en materia de honorarios profesionales.

Los fundamentos de los fallos

En el caso Puebla, la controversia se originó en los honorarios correspondientes a un amparo de salud contra el Ministerio de Salud de la Nación.

En primera instancia, el juez había fijado los honorarios de los dos abogados en un total de 20 UMA, equivalentes a $2.084.400. Sin embargo, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal redujo esa suma a 10 UMA, es decir, $1.042.200.

Para justificar la reducción, la Cámara sostuvo, de manera general, que la aplicación automática de los porcentajes arancelarios podía conducir a una desproporción con el trabajo realizado.

La Corte Suprema rechazó ese argumento y señaló que la Cámara se había apartado de lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley 27.423 sin declarar su inconstitucionalidad ni desarrollar una argumentación jurídicamente suficiente que justificara esa decisión.

Asimismo, recordó que los mínimos establecidos por la normativa son de orden público y que, para las acciones de amparo en las que no se aplica la escala vinculada al monto del proceso, corresponde una regulación mínima de 20 UMA. El tribunal también advirtió que la Cámara no había explicado los motivos concretos que justificaban reducir a la mitad los honorarios fijados en primera instancia.

El segundo pronunciamiento, correspondiente al caso *Martinuzzi*, se refirió a un amparo promovido contra la empresa de medicina prepaga Omint.

En ese expediente, la Corte consideró arbitraria la decisión de la Cámara Civil y Comercial Federal que había reducido a 14 UMA los honorarios de los abogados de la parte actora, equivalentes a $1.459.080, sin explicar por qué se apartaba del mínimo legal de 20 UMA. La diferencia entre ambos valores ascendía a $625.320.

El máximo tribunal reiteró que toda regulación de honorarios debe estar debidamente fundada y que la mera mención de las normas aplicables no constituye una fundamentación válida para justificar una decisión judicial.

La postura del Colegio Público de la Abogacía

Tras conocerse los fallos, la presidenta del CPACF, Alejandra García, destacó la importancia de los pronunciamientos y sostuvo que transmiten un mensaje claro respecto del cumplimiento de la legislación arancelaria.

García advirtió que los mínimos establecidos por la ley no pueden ser ignorados mediante invocaciones genéricas a las características del proceso, la extensión o calidad de la tarea profesional o el resultado obtenido.

En ese sentido, afirmó que apartarse del régimen legal exige una fundamentación jurídicamente suficiente.

La posición del Colegio Público pone el foco en la obligación de los magistrados de respetar los parámetros establecidos por la normativa vigente y en la necesidad de que cualquier apartamiento cuente con argumentos jurídicos concretos.

El debate por las posibles sanciones en el Consejo de la Magistratura

Los pronunciamientos de la Corte se conocen en un contexto de controversia dentro del Consejo de la Magistratura de la Nación, donde se encuentra en discusión la actuación de un magistrado en materia de regulación de honorarios.

En agosto, la Comisión de Disciplina del Consejo votó una propuesta de sanción consistente en una multa equivalente al 35 % del sueldo del juez civil Carlos Goggi, titular del Juzgado Nacional en lo Civil N.º 91, por haber declarado de oficio la inconstitucionalidad de la Ley 27.423.

En las resoluciones cuestionadas, el magistrado había aplicado en su lugar la anterior Ley 21.839, ya derogada, lo que modificaba el cálculo de los honorarios profesionales.

La consejera Jimena De la Torre, quien impulsó la sanción, sostuvo que el expediente podría avanzar hacia la Comisión de Acusación, instancia previa a un eventual juicio político.

Por su parte, la Asociación de Magistrados manifestó su rechazo a la posibilidad de sancionar a un juez por el contenido de sus decisiones judiciales, planteando así una posición contrapuesta en torno al alcance de las facultades disciplinarias del Consejo de la Magistratura.

En septiembre, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal solicitó al plenario del Consejo, presidido por Horacio Rosatti, que tratara con urgencia el dictamen. Si la propuesta resulta aprobada, implicará un descuento salarial para el magistrado.

Un criterio relevante para el ejercicio profesional

Los fallos Puebla y Martinuzzi vuelven a poner en el centro del debate la aplicación de la Ley 27.423 y el respeto de los mínimos arancelarios previstos para la labor de los abogados.

La Corte Suprema señaló que las regulaciones de honorarios no pueden apartarse de los parámetros legales mediante argumentos genéricos y que las decisiones judiciales deben contar con una fundamentación suficiente cuando se apartan del régimen vigente.

En paralelo, la discusión abierta en el Consejo de la Magistratura refleja las distintas posiciones sobre las consecuencias disciplinarias que podrían derivarse de decisiones judiciales vinculadas con la aplicación de la legislación arancelaria.

Para la abogacía, estos pronunciamientos constituyen antecedentes relevantes en materia de regulación de honorarios, fundamentación de las resoluciones judiciales y cumplimiento de las disposiciones legales que protegen la remuneración del trabajo profesional.