Esta iniciativa afectará a las personas más vulnerables, además de generar mayor litigiosidad, incertidumbre e inseguridad jurídica, con inevitables planteos de nulidad. Asimismo, incrementará los costos para los ciudadanos, ya que no hay ningún indicio que indique que será más económico.

Actualmente, los cónyuges están obligados a presentar un convenio regulador (art. 440 CCyC), que debe ser aprobado por el Juez de Familia, en el cual se determinan aspectos como la atribución de la vivienda, la distribución de los bienes y las eventuales compensaciones económicas entre los cónyuges, el ejercicio de la responsabilidad parental, y en especial, la prestación alimentaria (art. 449 CCyC).

En el proyecto propuesto, todos estos aspectos quedarían fuera del proceso de divorcio, sin la intervención de la justicia y sin el asesoramiento de los abogados, lo que claramente priva de derechos a las partes vulnerables.

Es evidente que esto generará una mayor cantidad de juicios, lo que resultará en mayores costos tanto para los ciudadanos como para el Servicio de Justicia, que deberá enfrentar un aumento en la cantidad de procesos judiciales. Además, se verán afectados los derechos de los más vulnerables, como los menores, y en situaciones de vulnerabilidad, violencia o sometimiento, quienes deberán enfrentarse a múltiples procesos judiciales para hacer valer sus derechos.